El sector audiovisual español afronta 2025 con un marco fiscal estable y especialmente favorable para aquellas empresas que desean invertir en producciones cinematográficas, series y, de forma particular, en documentales. El Artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) continúa siendo la base regulatoria que permite aplicar deducciones significativas siempre que se cumplan los requisitos de gasto, certificación y registro establecidos por la normativa.

Este incentivo no está reservado únicamente a grandes productoras: pymes y autónomos pueden participar fácilmente en proyectos audiovisuales de presupuesto más moderado, especialmente documentales, y beneficiarse del mismo régimen fiscal.

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El marco fiscal audiovisual en 2025: una oportunidad para empresas y pymes

Qué regula el Artículo 36 LIS hoy

El Artículo 36 LIS regula las deducciones por inversiones en producciones españolas de largometrajes, cortometrajes y series audiovisuales. Para poder aplicar estas deducciones, la ley exige que la producción cumpla con determinados requisitos de gasto en España, certificación como obra audiovisual española e inscripción en el Registro de Obras Cinematográficas.

Este mecanismo se ha consolidado como uno de los pilares del impulso cultural en España al permitir que empresas de distintos tamaños reduzcan su factura fiscal mediante inversiones en proyectos audiovisuales regulados y con impacto cultural.

Por qué los documentales encajan especialmente bien

Los documentales suelen tener estructuras de producción más eficientes y presupuestos más accesibles que otros formatos audiovisuales. Esto facilita que el gasto se concentre en territorio español, uno de los requisitos fundamentales para aplicar la deducción.

Además, las productoras especializadas en documentales —y ya calificadas para trabajar dentro del marco del Artículo 36— ofrecen proyectos ágiles, bien documentados y adaptados a pymes y autónomos que buscan un acceso más flexible al sector audiovisual.

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Qué puede deducirse una empresa al invertir en cine y documentales en 2025

Coste de producción

El incentivo cubre el coste de producción de la obra, que incluye gastos relacionados con:

• personal técnico y artístico;
• alquiler de equipos;
• localizaciones, traslados y permisos;
• servicios de rodaje;
• postproducción en España;
• música, sonido y edición.

Los documentales, al trabajar con equipos más reducidos y rodajes más controlados, permiten una trazabilidad clara de cada gasto, lo que facilita tanto la auditoría como la aplicación de la deducción.

Gastos de copias, promoción y publicidad (con límites)

La ley también permite incluir en la base de deducción ciertos gastos de promoción, publicidad y copias, aunque únicamente hasta los límites marcados por la normativa. Estos conceptos deben estar directamente relacionados con el lanzamiento o distribución de la obra.

Gastos indirectos imputables

Determinados gastos indirectos pueden incluirse, siempre que exista una relación directa con la obra y queden perfectamente documentados. La correcta imputación de estos costes es esencial para evitar incidencias en fases posteriores.

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Porcentajes y límites de deducción aplicables en 2025

El marco fiscal en 2025 mantiene los porcentajes establecidos en la normativa vigente:

• 30% aplicable al primer millón de la base de deducción.
• 25% aplicable al importe restante de la base.

Estos porcentajes se aplican únicamente a proyectos que cumplan con los requisitos legales de gasto y certificación. También existen límites máximos por producción y criterios de compatibilidad con ayudas públicas, por lo que la correcta planificación del proyecto es fundamental.

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Requisitos clave que deben cumplirse para aplicar la deducción

Al menos 50% del gasto en España

La normativa exige que, como mínimo, la mitad del gasto de producción se realice dentro del territorio español. En el caso de documentales, este umbral se supera con facilidad debido a la naturaleza del formato y a la disponibilidad de proveedores locales.

Certificación de obra audiovisual española

La obra debe obtener un certificado que la reconozca como producción audiovisual española. Este documento es indispensable para poder aplicar la deducción en el Impuesto sobre Sociedades.

Registro y documentación completa

Es obligatorio inscribir la obra en el Registro de Obras Cinematográficas y conservar toda la documentación del proyecto:

• contratos;
• facturas;
• desglose de costes;
• memorias de producción.

Una productora especializada garantiza que cada uno de estos pasos se ejecute correctamente.

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Ventajas específicas de estos incentivos para pymes y autónomos

Acceso a proyectos culturales con presupuesto asumible

Los documentales son ideales para empresas pequeñas y autónomos que desean invertir en proyectos culturales sin afrontar los elevados presupuestos de una producción de ficción tradicional.

Ahorro fiscal claro, regulado y seguro

El incentivo está definido en la ley y cuenta con criterios transparentes y verificables. Esto aporta seguridad jurídica a las empresas que deciden participar.

Acompañamiento por una productora calificada

Contar con una productora ya calificada y con proyectos previamente certificados reduce la carga administrativa y garantiza la correcta aplicación del incentivo.

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Caso ilustrativo: cómo se aplican los incentivos en un proyecto documental en 2025

Una empresa decide participar en la financiación de un documental cuyo presupuesto se desarrolla mayoritariamente en España. El proyecto obtiene la certificación de obra audiovisual española, queda inscrito en el registro correspondiente y se documentan correctamente los gastos elegibles. Al cierre del ejercicio, la empresa aplica la deducción en el Impuesto sobre Sociedades conforme a los porcentajes establecidos en la normativa. El ahorro fiscal resultante está directamente vinculado a la base de deducción generada por el proyecto, sin necesidad de interpretaciones adicionales.

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Conclusión: los incentivos audiovisuales de 2025 impulsan el crecimiento del documental en España

El Artículo 36 LIS sigue siendo una herramienta potente para impulsar la producción audiovisual en España. Los documentales, por su eficiencia presupuestaria y su capacidad para generar gasto directo en territorio nacional, se presentan como el formato ideal para pymes y autónomos que buscan combinar inversión cultural e incentivo fiscal. Con el respaldo de una productora calificada y experimentada, el proceso se desarrolla con garantías y dentro del marco legal vigente.